Confieso que estaba escéptica cuando escuché por primera vez que el Proyecto de Justicia Agrícola (AJP, por sus siglas en inglés) se había embarcado en una estrategia de certificación para prácticas laborales y comerciales. Por mucho que apreciara el esfuerzo tan esperado y serio por abordar las necesidades de los trabajadores de la agricultura ecológica, y por mucho que admirara a las personas que estaban detrás de ese esfuerzo, sentía que era una estrategia equivocada. A través de mi investigación sobre productos orgánicos, ya había escrito mucho sobre las paradojas de las etiquetas voluntarias como manera de apoyar mejores prácticas agrícolas y de comercio. Entre otras cosas, había observado que delegan la acción reguladora en los consumidores y sus elecciones de mercado, quienes generalmente deben pagar una prima por estas decisiones (lo que desalienta la participación de las personas con bajos ingresos), y alientan a quienes ya se encuentran bajo una determinada rúbrica de certificación a elevar los estándares para mantener las primas de precios, lo que va en contra de los objetivos de una transformación generalizada. Junto con mis colegas, también había criticado una estrategia que ponía a los agricultores en la posición de dar fe de su propia beneficencia en lo que respecta a la mano de obra agrícola, en lugar de permitir o incluso alentar a los trabajadores agrícolas a organizarse en su propio nombre, a través de sindicatos u otras colectividades (el AJP se convertiría en una de las pocas excepciones en este último aspecto). Y fue muy evidente que algunos de los productores harían esto de cualquier manera.
Al mismo tiempo, sentía mucha solidaridad con cómo las condiciones de posibilidad se habían reducido para hacer que otras vías parecieran una quimera, particularmente en los primeros días del ataque neoliberal a la acción pública cuando se estableció la certificación. Los productores orgánicos originales, por ejemplo, siguieron este camino porque tenían poca esperanza, lo cual es comprensible, de que la regulación de “mandar y controlar” podría funcionar. Un gobierno que había apoyado algunas de las peores prácticas agrícolas tenía muy pocas probabilidades de prohibir o restringir de gran manera el uso de químicos tóxicos y fertilizantes sintéticos. Aquellas personas orientadas a las problemáticas de justicia social enfrentaron una historia en la cual el trabajo agrícola había estado exento de incluso las leyes laborales más rudimentarias, haciendo que el fortalecimiento de dichas leyes pareciera una posibilidad particularmente distante. De igual manera, los sindicatos estaban bajo ataque constante de parte de la derecha y de la izquierda, y la una vez formidable UFW había cometido algunos errores estratégicos bien documentados bajo el liderazgo de Cesar Chavez, incluyendo la omisión de los trabajadores indocumentados en los esfuerzos de trabajo organizativo.
Como algunas personas han argumentado, los estándares y la certificación podrían servir para lograr el cambio de maneras menos estructuradas que lo que la regulación en sí puede obtener. Los estándares podrían traer más atención a las prácticas agrícolas y laborales, como ciertamente lo hicieron; podrían difamar las prácticas agrícolas convencionales y avergonzarlas, como ya lo han hecho. De hecho, esta es una de las razones por las cuales el sector ganadero en particular luchó fuertemente en contra de las etiquetas voluntarias con leyes antidifamación. (Los productores ganaderos convencionales tienen mucho que ocultar). Y estos estándares podían ayudar a movilizar un movimiento alimentario y agrícola más amplio que presionara para obtener los tipos de cambios en políticas que forzarían a los productores a hacer mejor su trabajo. Esa parte no sucedió de la manera que se esperaba.
Habiendo dicho todo eso, nos encontramos en un momento político muy diferente que cuando los estándares y la certificación entraron en escena. El énfasis en la libertad (como en la libertad del consumidor) que fue un sello distintivo de la gobernanza neoliberal parece pintoresco con el aún impactante auge del fascismo en los Estados Unidos. Muchos de nosotros nos encontramos defendiendo instituciones que nunca apoyamos de todo corazón —me viene a la mente USAID— y buscando desesperadamente salvar programas que nunca fueron suficientes (por ejemplo, los beneficios del SNAP). Y vemos cómo se criminaliza incluso el discurso que no es favorable al gobierno y se lanzan ataques retóricos contra prácticamente todo lo que no es de su agrado, especialmente si está asociado con los demócratas. Por ejemplo, si los Obama tenían un huerto en el patio de la Casa Blanca y expresaban su gusto por la rúcula, era casi garantizado que cualquier cosa que remotamente evocara ese tipo de estética entraría en la zona de ataque de Trump.
En este nuevo contexto, no me sorprendería que nos encontráramos luchando por salvar las etiquetas y normas voluntarias, ya que podrían ser realmente la única forma de tener algún tipo de elección en lo que comemos y en qué tipo de agricultura apoyamos. Por estas razones y más, esta evaluación del trabajo del AJP es más que bienvenido en este tiempo. Es imperativo que continuemos buscando espacios de posibilidad.
Julie Guthman
Profesora distinguida emérita de Sociología
Programa de Estudios Comunitarios
Universidad de California, Santa Barbara