El movimiento de Comercio Justo ha experimentado una cantidad de desafíos desde finales de los 90 cuando se fundó el AJP. Las empresas llevan mucho tiempo intentando restar fuerza al comercio justo mediante el “fairwashing”, apropiándose de las certificaciones existentes o creando etiquetas competidoras favorables a las empresas; este fue un problema que la Asociación Nacional de Comercio Justo intentó abordar de frente comparando las normas competidoras, y ese polémico esfuerzo de evaluación fue una de las principales razones por las que la asociación se desintegró. Sin embargo, el “fairwashing” no es el único problema. El Fair World Project publicó en 2022 un informe aleccionador en el que se ponía de manifiesto que el comercio justo, como movimiento y estrategia, no ha cumplido la mayoría de sus promesas; además, su investigación de 2023 sobre la certificación de comercio justo de los productos agrícolas mexicanos reveló también graves problemas.1 Aunque las iniciativas de comercio justo han logrado avances positivos, “con demasiada frecuencia la certificación ha contribuido a reproducir, e incluso a reforzar, las dinámicas entre trabajadores y empleadores, y entre el llamado Sur Global (productores) y el Norte Global (compradores)”.2
¿Qué es el comercio justo nacional? Gran parte de la energía que impulsó la creación de la Asociación de Comercio Justo Nacional (DFTA, por sus siglas en inglés) sigue presente en diversas iniciativas de trabajo organizativo y economía solidaria, aunque la DFTA ya no sea un espacio que reúna a esos grupos. Tanto la Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria (FCWA, por sus siglas en inglés) como la Alianza Alimentaria HEAL surgieron al mismo tiempo que la DFTA, y ambas organizaciones, lideradas por personas negras, indígenas y de color, siguen construyendo el comercio justo desde la base. Haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la equidad a lo largo de toda la cadena de suministro, han incorporado el modelo intersectorial de la DFTA a la contratación pública de alimentos a través del Programa de Adquisición de Alimentos de Calidad (GFPP, por sus siglas en inglés), un marco para la adjudicación de contratos a productores y distribuidores que cumplan con normas laborales justas, así como con criterios medioambientales y de otro tipo. La FCWA y HEAL convocan la Campaña de Comunidades por una Alimentación de Calidad (GFC, por sus siglas en inglés) para impulsar coaliciones locales formadas por trabajadores del sector alimentario y agrícola, agricultores y grupos comunitarios que buscan lograr cambios en la contratación pública en materia de justicia racial, laboral y ambiental, al tiempo que aumentan la transparencia en torno a los proveedores.3 Algunas de estas campañas han logrado avances impresionantes, como en Chicago.4 Sin embargo, un obstáculo generalizado ha sido la contratación o la formación de productores capaces de cumplir con estándares éticos más exigentes, al tiempo que producen los grandes volúmenes de alimentos que requieren las instituciones públicas y se desenvuelven en procesos de adquisición poco transparentes. Tal y como hemos podido comprobar en nuestro trabajo en el AJP, aún queda mucho por hacer para impulsar una producción agrícola que cumpla con estándares laborales y ecológicos más exigentes.
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Relacionado con el comercio justo se encuentra el ámbito de las “iniciativas de múltiples partes interesadas” (MSI, pos sus siglas en inglés), una forma de responsabilidad social corporativa en la que las empresas supervisan sus cadenas de suministro para detectar posibles incumplimientos de los estándares sociales. La trayectoria de las MSI abarca aproximadamente el mismo período que la del AJP. Desde la perspectiva de 2025, el historial de las MSI se caracteriza por marginar sistemáticamente a los trabajadores y no poner fin a las malas prácticas.5 Muchos aliados y observadores del movimiento ven un mayor potencial y una mayor rendición de cuentas en la Responsabilidad Social Impulsada por los Trabajadores (WDSR, por sus siglas en inglés), en la que las organizaciones dirigidas por los trabajadores supervisan el cumplimiento de los estándares. La Coalición de Trabajadores de Immokalee fue la primera en implementar el modelo WDSR en el sector agrícola en la década de 1990, con campañas que más tarde se convirtieron en su Programa de Alimentos Justos (FFP, por sus siglas en inglés); el FFP se ha expandido de manera espectacular en los años transcurridos desde entonces a nuevos cultivos y regiones, y ha recibido una gran cobertura mediática positiva. Justicia Migrante/Migrant Justice of Vermont sigue la misma estrategia con su programa llamado Milk With Dignity [Leche con Dignidad], trabajando para lograr condiciones laborales justas a las granjas lecheras.
Las iniciativas de múltiples partes interesadas
Aunque están surgiendo alianzas intersectoriales únicas y sin precedentes…hay muchos temas que permanecen fuera de la mesa. Leer más
Un mecanismo clave para el WDSR son las campañas contra las corporaciones: denunciar públicamente las malas prácticas de las corporaciones en sus cadenas de suministro mediante actividades de sensibilización, protestas, boicots y otras acciones. En la actualidad, el futuro de las campañas contra las empresas se presenta especialmente difícil, ya que estas buscan nuevas formas de protegerse de la presión pública (véase el recuadro). Los movimientos tendremos que afinar nuestras estrategias para estar a la altura.

Trabajadores agrícolas y comercio justo
En la década de 2010 se formaron dos sindicatos independientes de trabajadores agrícolas, conformados en su mayoría por trabajadores indígenas de Oaxaca. Sus luchas por el reconocimiento de su sindicato sucedieron en paralelo. Leer más
Sobre la impunidad corporativa#
“Una de las preguntas que realmente nos preocupa a todos es: ¿qué significa llevar a cabo campañas contra las empresas en un contexto de creciente impunidad corporativa? Llevamos décadas realizando campañas, y algunas de estas empresas parecen inmunes a ellas. Yo diría que a Walmart no le preocupa demasiado que le hagan campaña. A Nestlé le valió que su abogado se presentara ante la Corte Suprema y dijera que los fabricantes de Zyklon B para los campos nazis no sufrieron consecuencias reales, así que tal vez nosotros tampoco deberíamos sufrir ninguna. Si su abogado está dispuesto a invocar a los nazis en su defensa, me parece que el listón de la vergüenza corporativa ha bajado mucho. Aun así, creo que uno de los mayores placeres que tengo como persona dedicada a las campañas contra las corporaciones es ese momento en el que una compañía se enfrenta a su “primera crisis de relaciones públicas” y se da cuenta de que a la gente sí le importan las condiciones en sus cadenas de suministro, condiciones que habían tratado con la mentalidad de “ojos que no ven, corazón que no siente”; o incluso peor de ahí.
Es algo sobre lo que todos tenemos que pensar. ¿Cómo elevamos el riesgo para las corporaciones en este ambiente? Estados Unidos está definitivamente retrocediendo con relación a las regulaciones y las consecuencias legales a muchos niveles y también se está moviendo hacia formas cada vez menos responsables de gobernanza corporativa. Aquellos de nosotros que hemos realizado campañas en contra de corporaciones por mucho tiempo han podido depender de cosas como los documentos presentados ante la SEC. Esta información tiene que ser compartida de las compañías que cotizan en la bolsa. Parte de eso está bajo amenaza ahora mismo. Además, la participación del capital privado está creciendo rápidamente: una de cada cinco empresas de Estados Unidos está controlada por fondos de capital privado. Eso es esencialmente una caja negra ahí. Así que ese es un desafío enorme que tenemos que enfrentar de manera colectiva.
En general, necesitamos afilar nuestro pensamiento económico para ponernos al día con la era actual en donde mucho de nuestro mundo está bajo financiamiento. Mucho de lo que está en el discurso público está basado en los conceptos económicos que se enseñaban en los libros de texto de secundaria hace 30 años. A este punto, el suministro y la demanda con frecuencia no es lo que está impulsando muchas de las cosas que vemos desde el alza de los precios hasta la bancarrota.”
Anna Canning, Partners for Dignity and Rights [Compañeros para la Dignidad y los Derechos], entrevista
Sobre el auge de las empresas privadas y su papel en la coalición de Donald Trump, véase Melinda Cooper, “Family Capitalism and the Small Business Insurrection,” [El capitalismo familiar y la insurrección de los negocios pequeños].
Anna Canning, Fair Trade Certification in 2022 [Certificación de Comercio Justo en 2022]; Daria y Canning, Explotación certificada: cómo Equitable Food Initiative y Fair Trade USA fallan en proteger a los trabajadores agrícolas en la industria mexicana de hortalizas, citado en Capítulo 3. Ver también Canning & Daria, “Why Fair Trade Produce Labels Are Bogus” [Por qué las etiquetas de productos de comercio justo son un engaño]. ↩︎
Canning, Fair Trade Certification in 2022, [Certificación de Comercio Justo en 2022], p. 13. ↩︎
Winston Moore et al., Procuring Food Justice: Grassroots Solutions for Reclaiming Our Public Supply Chains [En busca de la justicia alimentaria: soluciones de base para recuperar nuestras cadenas de suministro públicas]; ver también Joann Lo y Alexa Delwiche, “The Good Food Purchasing Policy: A Tool to Intertwine Worker Justice with a Sustainable Food System” [La Política de Adquisición de Alimentos de Calidad: una herramienta para entrelazar la justicia laboral con un sistema alimentario sostenible]; Joann Lo y Ariel Jacobson, “Human Rights from Field to Fork: Improving Labor Conditions for Food-Sector Workers by Organizing across Boundaries” [Los derechos humanos del campo a la mesa: mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector alimentario mediante la organización transfronteriza]. ↩︎
Vea el trabajo coordinado por el Consejo de Acción en Política Alimentaria de Chicago (Chicago Food Policy Action Council). ↩︎
Richard Locke, The Promise and Limits of Private Power: Promoting Labor Standards in a Global Economy [Las promesas y los límites del poder privado: la promoción de los estándares laborales en una economía global]. ↩︎