Los fundadores del Proyecto de Justicia Agrícola (AJP) formaron parte de la agitación nacional que siguió a las devastadoras pérdidas agrícolas de los años setenta y ochenta. En ese momento, los agricultores y organizaciones de defensoría como el Centro para Asuntos Rurales encontró nueva energía para lanzar un movimiento por una agricultura más sostenible, incluyendo ampliar la agricultura orgánica. Los trabajadores agrícolas se unieron en este esfuerzo como parte de su lucha en contra de la exposición a pesticidas tóxicos. Un resultado fue el esfuerzo legislativo liderado por consumidores que culminó con la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos (parte de la Ley Agrícola de 1990), la cual requería que el Departamento de Agricultura de EE. UU. desarrollara y supervisara una certificación nacional para la producción orgánica; lo que luego se convertiría en el Programa Orgánico Nacional (NOP, por sus siglas en inglés). Al igual que otros intentos para institucionalizar un esfuerzo del movimiento y convertirlo en burocracia estatal, la adopción de la supervisión de los productos orgánicos por parte de la USDA estuvo plagado de retos y contradicciones y sujeto a la presión, el cabildeo y el regateo de nuestro sistema político.

El AJP toma forma#

A través de la década de 1990 la National Campaign for Sustainable Agriculture (NCSA) [Campaña Nacional para la Agricultura Sostenible] sostuvo una serie de reuniones en Washington, D.C., con los agricultores orgánicos Michael Sligh y Elizabeth Henderson como codirectores del ‘comité orgánico’ conformado por agricultores, trabajadores agrícolas, y representantes de la industria orgánica. El comité identificó “66 puntos de oscuridad” en el Programa Nacional Orgánico propuesto.¹ Cuando este grupo envió comentarios al USDA señalando su incapacidad para incluir precios justos para los productos agrícolas y políticas laborales justas, el departamento respondió que estas políticas no eran de su competencia. Debido a la frustración, un pequeño grupo comenzó a crear estrategias para afirmar el principio de justicia social en la agricultura orgánica. Este grupo estuvo compuesto de los agricultores Henderson, Sligh y Marty Mesh (de Florida Organic Growers, FOG) y los defensores de los trabajadores agrícolas Nelson Carrasquillo y Richard Mandelbaum (Coordinador General y organizador, respectivamente, en el Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas, CATA). Todos compartían la frustración de que muchos otros defensores de la agricultura se mostraban reacios a defender seriamente la causa del trabajo justo o incluso los precios justos.

Este grupo informal continuó elaborando estrategias sobre cómo abordar la justicia de una manera que reconociera los intereses compartidos y las interconexiones de los trabajadores agrícolas y los agricultores de pequeña escala. Con la adición de Óscar Mendieta Chavez de la Fundación RENACE en Bolivia, ellos seis eventualmente formarían el Proyecto de Justicia Agrícola. Juntos, creyeron que la justicia era tanto posible como necesaria, y compartían una creencia en la dignidad del trabajo. Aunque eran conscientes de que una estrategia basada en el mercado estaría sujeta a las contradicciones de un mercado capitalista, no obstante, decidieron desarrollar su propio programa de certificación con normas centradas en la “gestión social”, que complementaban el enfoque estrictamente ecológico del NOP. Comenzando alrededor de 1999, ellos se embarcaron en un proceso de varios años de diálogo, discusión y visión, que abarcó reuniones locales, nacionales e internacionales de los grupos de trabajadores agrícolas y agricultores orgánicos.

Los representantes de los trabajadores agrícolas insistieron que los estándares y el proceso rindieran cuentas de manera rigurosa a los mismo trabajadores agrícolas, quienes sistemáticamente habían sido dejados por fuera de las decisiones que les afectaban, tanto en las discusiones relacionadas con la defensoría agrícola como con el USDA. Por esa razón, la rendición de cuentas a los trabajadores agrícolas ha sido un principio clave del trabajo del AJP desde el comienzo. CATA lideró actividades de alcance comunitario a grupos de trabajadores agrícolas, conectando con la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, Community to Community Development (WA), Centro Campesino (MN), Líderes Campesinas (CA) y otras organizaciones. También atrajeron a los miembros de CATA quienes habían formado un sindicato de trabajadores de hongos (Kaolin Workers Union) en Pensilvania. Algunos de estos trabajadores agrícolas y organizadores se unieron a los viajes a Vancouver y Bangkok del AJP para reuniones de la Federación Internacional de Movimientos Agrícolas Orgánicos (IFOAM, por sus siglas en inglés) y a Uruguay para una reunión de la IUF (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines), trabajando para construir una visión compartida con aliados internacionales.

Los agricultores en el grupo trajeron a sus respectivas organizaciones junto con el esfuerzo: Elizabeth Henderson, de la Asociación de Agricultura Orgánica del Noreste (NOFA); Michael Sligh, de la Fundación para el Avance Rural (RAFI-USA); y Marty Mesh (FOG). Ellos basaron sus estándares en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Óscar Mendieta Chavez en especial ayudó al grupo a armonizar sus estándares nacientes con los del movimiento internacional de Comercio Justo y las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

A través de este proceso “híper-participativo”, arraigado en los principios del movimiento y una visión de base, el grupo publicó la primera edición de los estándares del AJP en 2003, titulado oficialmente Hacia la justicia social y la equidad económica en los sistemas alimentarios: un llamamiento a favor de estándares de gestión social en la agricultura sostenible y orgánica.² El AJP distribuyó estos estándares entre agricultores orgánicos y asociaciones de agricultura ecológica, organizaciones sindicales y de trabajadores agrícolas, defensores sin fines de lucro, programas de certificación y expertos en etiquetado orgánico. Durante dos años, el AJP distribuyó borradores sucesivos de sus estándares en Estados Unidos y en el extranjero, en inglés, francés y español, incorporando comentarios públicos y sugerencias de partes interesadas de todo el mundo. En este período inicial, algunos fundadores trabajaron de manera voluntaria y otros fueron apoyados por sus organizaciones. Cada uno de los fundadores adquirió sus propios recursos para apoyar sus viajes, ya fuera con fondos personales, tarifas de oradores, recursos organizacionales o con apoyo de parte de grupos con los que consultaban.

Desde el diálogo hasta la certificación#

Después de estos años iniciales de trabajo de alcance, los fundadores del AJP pasaron los siguientes años desarrollando un programa de certificación funcional que, después de mucho debate, llamaron Certificación de Justicia Alimentaria (FJC, por sus siglas en inglés). Los Productores Orgánicos de Florida ya operaban una agencia de certificación, llamada Quality Certification Services (QCS), y trajeron a una miembro del personal de QCS, Leah Cohen, quien se uniría a Sally Lee de RAFI como las primeras empleadas del AJP. Leah trabajó para refinar los estándares y darles una forma que podría ser verificada a través de auditorías, entrevistas y documentación.

En el 2005, el equipo del AJP probó su nuevo programa a través de una auditoría piloto en la granja Swanton Berry Farm de Jim Cochran en California, una de las primeras granjas orgánicas sindicalizadas. En 2006-2007, el AJP se unió a la red basada en Minneapolis Local Fair Trade Network (LFTN, sigla en inglés) para una prueba piloto más amplia del proceso de certificación del AJP. LFTN conectó al AJP con agricultores, cooperativas, organizaciones de trabajadores agrícolas, y consumidores quienes ya estaban involucrados en el movimiento regional, llevando a certificaciones piloto en cuatro granjas (Featherstone Farm, Hoch Orchard and Gardens, Keewaydin Farm, y Harmony Valley Farm) y una cooperativa alimentaria (Bluff Country Co-op) repartidas por Minnesota y Wisconsin. El tiempo del personal y los gastos del piloto fueron financiados con una variedad de fuentes, incluyendo contribuciones de la naciente Asociación Nacional del Comercio Justo (DFTA, por sus siglas en inglés), la Fundación Ford y marcas de productos naturales como Dr. Bronner’s, Clif Bar y Organic Valley.

Estos esfuerzos pilotos identificaron algunas prácticas destacadas en las granjas y las cooperativas, pero también revelaron obstáculos claves para la certificación. Entre los primeros retos se encontraba la falta de documentación escrita que un certificador requeriría para su verificación. Para ayudar a las granjas y cooperativas a implementar y documentar prácticas justas, Elizabeth Henderson comenzó a recopilar recursos desarrollados por agricultores y aliados con ideas afines, sentando las bases para nuestro programa de asistencia técnica y la biblioteca de recursos que más adelante llamamos el Kit de herramientas del AJP. Un segundo obstáculo era el costo de las inspecciones. El proceso de inspección del AJP basa sus afirmaciones de responsabilidad en la participación directa por parte de inspectores de organizaciones de trabajadores. En vez de un inspector, hay dos que se dividen el trabajo: un inspector orgánico habla con los gerentes y hace auditoría de la oficina de la granja y el lugar de trabajo, mientras el inspector de una organización de trabajadores entrevista a los empleados de manera confidencial. Esta práctica de responsabilidad implicó una mayor complejidad y gasto, así que el AJP estableció un fondo para amortiguar los costos de certificación para las granjas medianas y más pequeñas que buscaban la certificación.

De manera inquietante, estos años estuvieron marcados por devastadoras inundaciones, crueles redadas de inmigración y, finalmente, la Gran Crisis Financiera, lo que provocó importantes dificultades en las granjas piloto y tiempos de escasez en las cooperativas de alimentos naturales. Si bien la crisis de 2008 fue única por su profundidad y su impacto duradero, las catástrofes que sucedieron en estos años pusieron de relieve la frágil situación de la mayoría de las explotaciones agrícolas. El AJP buscó aprovechar la certificación para brindar mayor estabilidad financiera a las granjas. Tardamos en desarrollar el sello de certificación visible al público y los materiales promocionales que las granjas piloto solicitaron para demostrar su participación ante los consumidores. Más preocupante aún, fue la incapacidad de conseguir compradores mayoristas o minoristas que estuvieran dispuestos a pagar un precio premium a las granjas certificadas. Esta falta de compradores comprometidos era una brecha estratégica que se mantendría constante a lo largo de los años de nuestra certificación.

Adaptando las lecciones de la fase piloto, Leah Cohen y Sally Lee desarrollaron los primeros borradores del Manual de Políticas del AJP destacando las funciones, responsabilidades y los procesos de gobernanza, incluido el requerimiento, poco común entre las certificaciones, de que las organizaciones lideradas por trabajadores entrevisten a los trabajadores directamente y sirvan como el primer punto de contacto para fines de quejas y reclamaciones. El AJP comenzó su primer proceso de revisión de los estándares en 2009-2012, adoptando el ciclo de cinco año de ISEAL para el desarrollo continuo de los estándares, que incluye consultas con diversos grupos de partes interesadas y períodos de comentarios y respuestas públicos.³ Con base en la información de las certificaciones piloto, el comité de revisiones expandió los estándares para incluir operaciones a través de toda la cadena de suministros, incluidas las cooperativas de productores (ante la insistencia de la Farmer Direct Co-op [Cooperativa Agrícola Directa]).

El AJP expandió su trabajo de alcance, investigación y educación en el sureste de los EE. UU. a través de una subvención de Southern Sustainable Agriculture Research and Education (SSARE) del USDA. Once encuestadores consultaron a agricultores ecológicos de todo el sureste sobre sus experiencias y retos laborales y comerciales, así como a clientes sobre sus prioridades a la hora de comprar alimentos. El equipo también impartió capacitación en materia de salud y seguridad para las explotaciones agrícolas con el objetivo de lograr condiciones de trabajo justas, más allá de los meros requisitos legales, y prestó asistencia técnica a las explotaciones agrícolas y las empresas alimentarias que deseaban solicitar la Certificación de Justicia Alimentaria. De todas estas iniciativas regionales, una granja obtuvo finalmente la certificación en 2012: The Family Garden, en Gainesville, Florida.

DFTA: Creación de un “grupo de partes interesadas más amplio”#

Durante la década de los años 2000, los fundadores del AJP se pusieron en contacto con defensores afines del movimiento de comercio justo, cooperativas de alimentos naturales y movimientos de trabajadores agrícolas para hablar sobre la necesidad de un mayor diálogo, cooperación y responsabilidad en todo el sistema alimentario. Los fundadores reconocieron que una certificación por sí sola nunca podría lograr sus objetivos transformadores. Era necesario educar: los compradores mayoristas y los compradores individuales debían comprender y conectarse con los problemas a los que se enfrentaban los trabajadores y los agricultores si querían motivarse para actuar, sobre todo porque la acción debía ir más allá de las meras decisiones de compra. Había una necesidad de defensoría: este fue un período de rápida proliferación de etiquetas “éticas”, muchas de ellas promovidas por grandes empresas con afirmaciones cuestionables o centradas únicamente en productos importados. Había una necesidad de desarrollo del mercado: la economía solidaria necesitaba con urgencia a simpatizantes con valores alineados quienes pudieran traer más recursos, ya que los trabajadores agrícolas y los agricultores típicamente tenían solo el valor agregado por la mano de obra que podían ofrecer.

Por estas razones, el AJP se unió a otros colaboradores para financiar la Domestic Fair Trade Association (DFTA, o Asociación Nacional de Comercio Justo) en 2008, con la esperanza de establecer una institución que pudiera hacerse cargo de la coordinación y defensoría necesarias para promover la justicia en el sector alimentario y agrícola de EE. UU. (véase la barra lateral). Las reuniones iniciales de la DFTA fueron realizadas en el alto Medio Oeste por National Cooperative Grocers (NCG), un defensor firme y constante del trabajo del AJP. La DFTA estableció como sus objetivos primarios apoyar la agricultura en fincas de escala familiar; asegurar condiciones justas para los trabajadores agrícolas; reforzar las iniciativas lideradas por los agricultores tales como las cooperativas de agricultores; y reunir a las marcas, minoristas y consumidores interesados para ayudar a acrecentar el movimiento por una agricultura más equitativa en Norteamérica.

La certificación entra en vigor#

En 2010, el AJP lanzó oficialmente la Certificación de Justicia Alimentaria, inaugurando el nuevo nombre y la marca de certificación de la etiqueta con el anuncio de Farmer Direct Co-op (Canadá) como grupo de productores certificado de Justicia Alimentaria. Farmer Direct suministraba sus granos y lentejas a cooperativas minoristas y a varias tiendas Whole Foods de todo el país, llevando la marca de la Certificación de Justicia Alimentaria a los hogares de un número exponencialmente mayor de familias. Otras de las primeras granjas certificadas fueron Featherstone Farm (Wisconsin/Minnesota), Gathering Together Farm (Oregón), Hoch Orchard and Gardens (Minnesota) y Spring Hill Organic Farm (Oregón). El AJP también certificó a la Midwest Organic Services Association (Wisconsin), una certificadora orgánica, como un negocio que tiene prácticas de trabajo justas. The Family Garden (Florida) fue certificado por el AJP en el 2012, seguido al año siguiente por West Haven Farm, GreenStar Food Coop y la carnicería The Piggery, todas ellas situadas en Ithaca, Nueva York. En el 2014, Pie Ranch y Swanton Berry Farm de California obtuvieron la certificación. Cada una de estas auditorías fue combinada con eventos de capacitación para nuevos inspectores según intentábamos construir una infraestructura para el programa. El AJP también produjo un cortometraje promocional y de defensoría titulado Con hambre de justicia: Foco en el Sur, en el que aparecen la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, el AJP y el agricultor Jordan Brown (The Family Garden), recientemente certificado por FJC. El cortometraje se proyectó en varios eventos públicos en 2014 y años posteriores.

En 2012, el AJP se constituyó como organización sin fines de lucro 501(c)(3), gobernada por una junta compuesta por delegados de las organizaciones colaboradoras CATA, NOFA, RAFI-USA y (hasta su salida en 2019) FOG.

Durante este período el AJP trató de reclutar, con poco éxito, a granjas y negocios alimentarios adicionales para fines de certificación. Algunos se resistieron a cumplir con los requisitos, especialmente los estándares sobre transparencia financiera con los trabajadores y la neutralidad en torno al trabajo organizativo y la sindicalización; otros se resistieron al costo, inseguros si recibirían alguna remuneración financiera por el esfuerzo. Más comúnmente, los agricultores tenían dificultades para sacar tiempo e implementar los nuevos sistemas y completar el papeleo, ya que estaban desbordados por las numerosas exigencias de gestión. Algunas granjas que estaban estrechamente alineadas con los estándares y los principios del AJP, no obstante declinaron la certificación: un par de ellas tenían empleados indocumentados y no querían exponerlos a publicidad no deseada, especialmente con el aumento de las deportaciones bajo la administración de Obama. Algunas explotaciones agrícolas estaban ansiosas por obtener la certificación, pero tenían uno que otro problema de incumplimiento de los estándares, como el uso ocasional de contratistas de mano de obra a corto plazo o el uso de un reclutador para contratar trabajadores temporales H-2A (los estándares del AJP exigen la contratación directa).

A pesar de estas dificultades, el AJP siguió forjando nuevas relaciones para intentar impulsar el programa. En 2014, el AJP se unió al Pioneer Valley Workers Center de Massachusetts para reclutar granjas y cooperativas y difundir la conciencia sobre las prácticas laborales justas en Connecticut River Valley. En 2015, Louis Battalen, miembro del equipo del AJP, colaboró con NOFA para reclutar agricultores de Nueva York, Vermont, Massachusetts y Nueva Jersey, invitándoles a realizar autoevaluaciones exhaustivas de sus prácticas laborales y de fijación de precios, y proporcionándoles recursos para que sus lugares de trabajo fueran más justos.⁴ Soul Fire Farm (Nueva York), Wickenheiser Farm (Alberta, Canadá) y Higher Level Organics (Wisconsin) obtuvieron la certificación en 2018, y otras cuantas granjas del noreste comenzaron lentamente a trabajar para obtenerla. El AJP también organizó reuniones anuales sobre el comercio justo nacional en la conferencia de verano de NOFA entre 2015 y 2019, lo que impulsó relaciones más estrechas entre las asociaciones regionales de agricultura orgánica, Migrant Justice/Justicia Migrante de Vermont y CATA. Estos eventos dieron sus frutos a medida que los participantes de las reuniones anuales se unieron a campañas que ganaron las licencias de conducir para conductores indocumentados en Vermont, Nueva York, Nueva Jersey, y eventualmente Massachusetts.

A través del DFTA y otras relaciones, el AJP pasó años tratando de convencer a varias marcas de alimentos que habían sido líderes en establecer la etiqueta orgánica para que tomaran la certificación para sus cadenas de suministros, pero al final, ninguna de ellas se certificó. Tanto para el AJP como la DFTA, el plan financiero dependía en tener corporaciones con mejores recursos que proporcionaran apoyo organizacional base ya fuera a través del pago de las cuotas (DFTA) o las tarifas de certificación (AJP). Las marcas ocasionalmente hacían donaciones al AJP pero declinaban obtener la certificación u ofrecer una prima a los proveedores certificados. Eventualmente, también fueron retirando las donaciones.

En las entrevistas para este proyecto, cada uno de los fundadores expresó que el AJP solo necesitaba un “golpe de suerte” que nunca llegó. En las palabras de Richard Mandelbaum:

Es como si alguien intentara ser actor como carrera profesional. Solo el 1 % o menos lo consigue. Quizás no tuvo nada que ver con usted, simplemente nunca tuvo ese golpe de suerte. Durante varios años sentí que, si eso hubiera sucedido, podría haber sido la oportunidad que nos hubiera abierto muchas puertas.⁵

En el caso de la DFTA, las marcas eventualmente se fueron, una por una, hasta que solo las organizaciones sin fines de lucro y los grupos de base permanecieron. Después de eso, las finanzas y la capacidad de la coalición tocó fondo. En el caso del AJP, gradualmente se volvió claro que la Certificación de Justicia Alimentaria no estaba encaminada para generar ingresos que fueran autosuficientes. Ninguna marca quería “sacar la cara” y darle la oportunidad a una certificación con tan altos estándares.⁶ Esta situación nos dejó dependientes de la filantropía y las subvenciones al tiempo que simultáneamente aumentamos nuestros objetivos de recaudación de fondos, a medida que el AJP buscaba traer donaciones para compensar el costo prohibitivo de la certificación para las pequeñas granjas y empresas. Esto también significó que la certificación del AJP tuvo dificultades para recibir el tipo de promoción y reconocimiento de marca que una marca reconocida le hubiese proporcionado. El personal de AJP y los miembros de la junta directiva con regularidad lamentaban que, sin el apoyo de un departamento de marketing corporativo, las personas involucradas carecían de las habilidades de marketing requeridas para promover de manera exitosa nuestra propia marca—una brecha significativa, dada nuestra estrategia basada en el mercado.

Aunque unas cuantas fundaciones hicieron donaciones significativas para tratar de mantener el trabajo del AJP, nuestros financiadores iniciales fueron desapareciendo bastante rápido. El financiamiento varió significativamente de un año a otro, afectando los niveles de personal y dejando algunos proyectos a mitad de camino. El plan organizacional ideal del AJP contemplaba siete miembros del personal a tiempo completo para cubrir la certificación, asistencia técnica, defensoría y la carga de trabajo administrativo, pero usualmente teníamos entre uno y tres empleados de medio tiempo y contratistas ocasionales. La rotación de empleados y la muerte a destiempo de nuestra querida miembro del personal Sue Mihalyi, nos causaron contratiempos. Con la falta de capacidad de personal, la carga de trabajo del AJP con frecuencia recaía en los voluntarios, incluidos los fundadores y miembros de la junta directiva. El equipo del AJP pudo aprovechar algunas subvencionen federales ocasionales destinadas a trabajo de asistencia técnica para ampliar nuestro alcance y ofrecer entrenamiento individual sobre prácticas justas para las explotaciones agrícolas, las cuales eran generalmente populares y bien recibidas, pero estas subvenciones conllevaban una carga administrativa considerable y no ofrecían un apoyo fundamental para la organización.

El AJP probó nuevas direcciones para llamar la atención hacia nuestra certificación e involucrar al público en la defensoría. El AJP y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida se asociaron para realizar un “diálogo sobre justicia alimentaria” a nivel regional en 2018. Los asistentes hicieron una lluvia de ideas sobre cómo motivar al público a preocuparse por las injusticias del sistema alimentario, que rara vez se reconocen, lo que inspiró el proyecto de educación pública plurianual del AJP titulado “Hungry for Justice: Whose Voice is Missing?” [Con hambre de justicia: ¿cuál voz está faltando?]. Este proyecto, que está disponible públicamente a través de Instagram, utilizó 20 entrevistas en video con trabajadores agrícolas, agricultores y miembros comunitarios para destacar las experiencias dispares pero interconectadas de diferentes grupos en el ámbito de la alimentación y la agricultura, con el fin de fomentar el entendimiento mutuo y sentar las bases para la solidaridad.

Reconstrucción, descontinuación#

El financiamiento del AJP colapsó durante la pandemia de COVID-19, pero hubo algunos avances prometedores y señales de una posible recuperación. En el 2019 QCS dejó de ser la agencia certificadora del AJP y pasó la antorcha de la certificación a la Ohio Ecological Food and Farming Association (OEFFA; Asociación Ecológica de Alimentos y Agricultura de Ohio). La OEFFA opera un programa bien establecido de certificación orgánica, y estaban muy interesados en hacerse cargo de nuestra certificación también. Esta no era una tarea simple. La Certificación de Justicia Alimentaria presentó muchos problemas nuevos, y la OEFFA tuvo que desarrollar varias políticas y procesos nuevos. La rotación del personal, junto con los propios problemas de capacidad del AJP, prolongaron el proceso de incorporación del equipo de la OEFFA. Afortunadamente, la OEFFA y el AJP recibieron una generosa subvención de NCR-SARE⁷ para apoyar los nuevos esfuerzos de certificación y asistencia técnica de la OEFFA, que se extendió desde 2022 hasta 2024 y nos permitió llevar a cabo una amplia labor de divulgación y reclutamiento en la región del Medio Oeste. Las donaciones generosas de la National Cooperative Grocers [Cooperativa Nacional de Supermercados] le permitió al AJP cubrir los costos de la certificación para las explotaciones agrícolas y también la renovación de nuestros recursos de asistencia técnica.

Siguiendo el diálogo anterior sobre justicia alimentaria en Florida, en el 2020 el AJP se unió a la coalición Florida Food Justice League, una campaña de trabajo organizativo estudiantil que pedía a la Universidad de Florida (UF) que pusiera fin al uso de mano de obra penitenciaria a través de su proveedor de servicios de alimentación, Aramark. La coalición eventualmente logró este objetivo en 2022. Este trabajo en la UF allanó el camino para que el AJP se uniera a otros colaboradores de Gainesville (Florida) que trabajan para hacer que las instituciones públicas adopten el programa de compra Good Food Purchasing Program (GFPP), un programa de adquisición ética de alimentos desarrollado por la Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria [Food Chain Workers Alliance] y el Food Policy Council [Consejo de Política Alimentaria] de Los Ángeles. La Coordinadora General del AJP, Leah Cohen, ayudó a liderar el esfuerzo de Gainesville, uniéndose a la red nacional Good Food Communities iniciado por FCWA y la alianza HEAL Food Alliance.⁸ Desafortunadamente, la campaña del área de Gainesville sufrió una derrota importante en 2024 cuando un grupo de activistas veganos convencieron al condado de Alachua para que frustraran los planes de crear un matadero de propiedad pública con condiciones laborales justas que habría permitido a la comunidad local de pequeños ganaderos negros, indígenas y de color vender sus productos a las escuelas del condado de Alachua.

No obstante, las campañas de Good Food Communities para vincular la adquisición institucional de alimentos con cadenas de suministro éticas son una de las vías más prometedoras para promover la solidaridad y la equidad a lo largo de toda la cadena de suministro, con el potencial de beneficiar simultáneamente a los trabajadores agrícolas, los operadores agrícolas, los trabajadores del sector alimentario y logístico, y las comunidades a las que abastecen. La propia certificación del AJP es una manera en la que los proveedores pueden calificar para el estatus preferencial bajo la categoría de “Fuerza laboral de valor” (trabajo justo) en GFPP, y hemos estado en diálogos con las campañas de Good Food Communities acerca de las maneras en las que el AJP podría apoyar el crecimiento y desarrollo de proveedores locales, con valores afines, para que participen en el programa. Esto sigue siendo de gran interés para nuestra coalición, aunque no hemos podido asegurar el financiamiento para ese trabajo.

Desde el 2020, tres explotaciones agrícolas nuevas lograron la certificación: Lola’s Organic Farm (Georgia, 2022); Roxbury Farm (Nueva York, 2023); y Foxtail Farm (Wisconsin, 2024). La OEFFA identificó otras explotaciones agrícolas que eran candidatas fuertes, pero cuando terminó el apoyo de la subvención SARE en 2024, su programa de Certificación de Justicia Alimentaria (FJC) todavía estaba lejos de ser autosostenible. En ese momento la OEFFA estimaba que necesitarían 40 clientes de certificación para que el programa lograra cubrir los costos; muchos más que las cinco explotaciones agrícolas que fueron certificadas en esa época y el doble de la cantidad total que se había certificado hasta entonces. Enfrentada con este grave déficit, la OEFFA decidió que no podía continuar como la organización certificadora del AJP en ese momento.

Nuestra colaboración con la OEFFA nos hizo sentir optimistas, pero debido a la constante baja aceptación por parte de las granjas y negocios, el personal y la junta del AJP ya habían estado preocupados sobre la trayectoria de nuestro programa de certificación por cierto tiempo. En 2024, hubo dificultades adicionales que nos impulsaron a iniciar nuestro proceso actual de evaluar nuestras opciones para el trabajo futuro: primero, la salida de Leah Cohen, coordinadora general desde hacía mucho tiempo para otro puesto; y segundo: nuestras continuas dificultades para asegurar fondos suficientes para aumentar o poder mantener, nuestra capacidad de personal. En la primavera de 2024, nuestro consejo asesor motivó al personal y a la junta a emprender un proceso de divulgación y evaluación para discernir el futuro de nuestra certificación.

Frente a las sombrías perspectivas en el verano de 2024, el coordinador general interino Jon Magee propuso que lleváramos a cabo este proyecto como un esfuerzo final y deliberado para dejar constancia, realizar una autoevaluación y archivar nuestro trabajo pasado. Esta sugerencia recibió amplia aprobación, dado nuestro deseo de no replicar el cierre precipitado de la DFTA, pero nuestro consejo asesor nos exhortó de manera vehemente que tratáramos de buscar un camino hacia adelante en vez de resignarnos a cerrar las puertas. Este informe es la culminación de ese proyecto: explorar nuestras opciones mientras también nos preparábamos para un posible cierre. Este proceso duró desde el otoño de 2024 hasta el verano de 2025, coordinado por el personal y llevado a cabo a través de más de 50 conversaciones con aliados y colaboradores, supervisado por un comité de evaluación formado por ocho amigos destacados de nuestra red y asesorado por un organizador y facilitador experto contratado para ese propósito. En julio de 2025, no teníamos ninguna pista concreta sobre el financiamiento para ninguno de las situaciones hipotéticas que consideramos, por esto, con mucho pesar en nuestros corazones, decidimos cerrar el AJP como organización independiente.

Este momento se siente propicio para un cambio, ya que nuestros movimientos trabajan para volver a orientarnos y abordar nuevas amenazas. Valoramos mucho el trabajo que hemos logrado, y hemos disfrutado con mucha alegría construir esta coalición juntos. También reconocemos que hemos enfrentado desafíos persistentes que nos fueron difíciles de superar. En el siguiente capítulo, tratamos de tomar las lecciones de los logros, los desafíos y los errores de nuestros esfuerzos pasados con la esperanza de que nuestra experiencia pueda servir de ayuda para los aliados que estén haciendo trabajo relacionado. Aún cuando estamos cerrando esta iteración del AJP, invitamos a los aliados a continuar el trabajo de construir la solidaridad de manera eficaz. Sea cual sea la formación, haremos todo lo posible por difundir la visión de que todos merecemos una vida digna y que, a pesar de nuestras diferencias, todos podemos prosperar si decidimos trabajar juntos.